El informe “Sanidad Privada, aportando valor”, edición 2017 de la Fundación IDIS supone un ejercicio de transparencia y objetividad donde se dibuja una buena radiografía de lo que es y representa el sector sanitario de titularidad privada año tras año.

Por Fernando Mugarza. Director de desarrollo corporativo y comunicación de la Fundación IDIS.

El sector de aseguramiento privado, a pesar de la enorme crisis que venimos padeciendo, ha registrado un significativo incremento en el número de asegurados, acercándose a los 10 millones de usuarios, lo que supone un aumento del 4,9 por ciento respecto a 2015. Ello se debe sin duda a la calidad de los centros y servicios, y el alto nivel y cualificación de todos los profesionales que trabajan en el sector quienes consiguen mediante su compromiso y profesionalidad los mejores resultados de salud para sus pacientes.

La sanidad privada favorece el acceso a todos los servicios sanitarios, puesto que cuenta con 452 hospitales y más de 51.000 camas, lo que representa el 57 por ciento de los hospitales y el 33 por ciento de las camas ubicadas en nuestro país. Además, llevó a cabo el 29 por ciento de las intervenciones quirúrgicas, casi 1,5 millones del total, registró el 24 por ciento de las altas y atendió más de 6 millones de urgencias, casi la cuarta parte de las mismas de todo el territorio nacional. En el mismo periodo hizo el 39 por ciento de las resonancias, el 27 por ciento de los PET y el 17 por ciento de los TAC.

El acceso a la innovación es otra de las particularidades del sector privado, ya que continúa a la cabeza en equipamiento de alta tecnología, por ejemplo, cuenta con el 56 por ciento de las resonancias magnéticas o con el 46 por ciento de los PET en nuestro país, así como los avances más importantes en cirugía robótica, tecnologías híbridas de diagnóstico o nuevas formas de gestión como el hospital líquido a través de las TIC.

Toda esta actividad destinada a la población no sería posible si no dispusiera de una extensa red de centros asistenciales amplia, diversa, suficiente y de calidad que cubriera todas las necesidades y facilitara el acceso rápido a la atención sanitaria.

Este ingente desarrollo supone una descarga evidente de presión asistencial y financiera al sistema público de salud, para el que sería muy complicado asumir esta sobrecarga adicional llegado el caso. Estos datos, reafirman la necesidad de disponer de un sistema sanitario privado como el actual, que contribuya a la solvencia y sostenibilidad del SNS ofreciendo los mejores resultados de salud, con la máxima calidad y la mayor eficiencia posible.

Los cerca de 10 millones de personas que utilizan en su totalidad este sistema, son un alivio evidente para un sistema público que se encuentra en el límite de sus posibilidades, motivado por la deriva demográfica, el envejecimiento poblacional, la cronicidad asociada, la necesaria incorporación de la innovación y lo limitado de los recursos financieros del Estado, fundamentalmente.

Dentro de nuestro sistema sanitario, que posee una doble provisión y aseguramiento, la cooperación público-privada es fundamental para aprovechar todos los recursos disponibles y evitar redundancias y duplicidades en beneficio del paciente.

Los conciertos, se producen fundamentalmente en transporte sanitario (la inmensa mayoría es privado), tratamientos de oxigenoterapia y terapias respiratorias, hemodiálisis, diagnóstico por imagen, pruebas de laboratorio, asistencia sanitaria y socio-sanitaria o fisioterapia y rehabilitación entre otros. Todos ellos descargan de una forma muy notable de presión asistencial, por lo tanto de listas de espera y de carga financiera al sistema al ser su gestión más eficiente.

Las concesiones y el mutualismo administrativo son dos formas de colaboración determinantes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Ambos modelos de cooperación han demostrado ampliamente, con datos contrastados y validados, sus bondades y resultados en términos de eficacia, eficiencia, efectividad y percepción ciudadana en base a la asistencia sanitaria recibida, los resultados de salud alcanzados, la rapidez en la gestión de los diferentes procesos y la calidad de los centros y cualificación de los profesionales en los que los ciudadanos depositan su confianza.

Es importante destacar que año tras año, los únicos ciudadanos que tienen posibilidades de elegir entre sanidad pública y privada se decantan en un 85 por ciento de los casos aproximadamente por la sanidad de titularidad privada; es evidente que por algo es, puesto que el sistema privado les ofrece la misma cartera de productos y servicios que ofrece el sistema público de salud, pero debiendo hacer el asegurado una aportación adicional.

En definitiva, el sistema de titularidad privada genera riqueza (3,5 por ciento del PIB), crea empleo estable y de calidad (más de 252.000 profesionales, de los cuales un 65 por ciento trabaja en el ámbito extra-hospitalario y un 35 por ciento en el ámbito hospitalario), contribuye a disminuir la presión financiera al propio sistema público de salud, mejora el acceso a la innovación más disruptiva y facilita el hecho de que las listas de espera no sean mayores.

Teniendo en cuenta estas cifras y otras que figuran en el propio informe, para solucionar los problemas que acucian al sistema, es necesario un debate sosegado sustentado en datos para que las soluciones a adoptar sean las más adecuadas. Desterrar la política de la Sanidad y centrar la dialéctica en un plano más técnico es imprescindible puesto que los ciudadanos demandamos una atención pronta, eficaz, eficiente, con buenos resultados en términos de salud y calidad, una atención asistencial adecuada y unos servicios asociados impecables que nos generen el mayor bienestar posible.

En nuestro país, todos los ciudadanos tenemos suficientes garantías como para generar prioridades en nuestra escala de necesidades y demanda de servicios, y la salud es sin duda la primera opción que precisamos cubrir, por ello, procuramos alcanzar las mayores garantías en términos de acceso, equidad, calidad, seguridad y resultados de salud posibles.

Para adecuar nuestro SNS a la realidad social vigente se hace necesario un pacto de Estado en materia sanitaria y una reforma de la Ley General de Sanidad que cuenta ya con 31 años desde su promulgación. Por otro lado, es hora de normalizar el discurso de la titularidad de la provisión y el asegurmiento, como ocurre en los países de nuestro entorno geográfico, independientemente del modelo que cada cual adoptara en su momento (Bismark o Beveridge), ya que algunas propuestas que surgen desde los diferentes territorios no hacen sino generar confusión y desinformación en el ciudadano, además de inseguridad jurídica entre los propios agentes del sector.

Dentro de este panorama complejo que se vislumbra en el horizonte, cargado de incertidumbres a todos los niveles, en materia de salud, el paciente ha de ser el centro de todas las atenciones que se acometan en el futuro, de tal forma que seamos corresponsables de la gestión de nuestra propia salud y para ello se nos han de facilitar todas las herramientas tecnológicas necesarias, para que junto al profesional sanitario podamos elegir y ser protagonistas de nuestras propias decisiones en materia de salud.

La calidad asistencial, la seguridad en todos los procesos y procedimientos, y la consecución de los mejores resultados han de conformar siempre el principal objetivo de cualquier sistema sanitario que se precie.

Artículo publicado en la revista New Medical Economics del mes de abril 2017.