Un debate sobre innovación que reunió a Administración, oposición política e industria acabó siendo devorado por una discusión en torno a la necesidad de someter a la transparencia los datos económicos que envuelven a los acuerdos de fijación de precio. El subdirector general de Medicamentos del Ministerio de Sanidad, Carlos Lens, se defendió de las críticas recibidas por el oscurantismo de su departamento y alegó que existe un impedimento legal y que sólo puede eludirse si la empresa acepta. “Todos los expedientes de fijación de precio tienen evaluación económica y estos expedientes son confidenciales por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, la Ley de Transparencia permite una objeción para una de las partes, en este caso la industria, que se sustenta en esta ley”, dijo.

Estas palabras fueron rebatidas por el senador socialista José Martínez Olmos. Para el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad la transparencia debe ser el vehículo que debe transitar en las decisiones de precio “y si permite salvedades, habrá que cambiarla”. Por otro lado, el director general de Pfizer, Sergio Rodríguez, aseguró no tener claro si la industria querría acceder a ese nivel de transparencia en las decisiones de fijación de precio por las implicaciones que puede tener con el resto de países donde se trabaja para buscar financiación de la innovación. Olmos pidió no esconderse en excusas a la hora de apostar por la transparencia y elevarla a nivel europeo.

Ante la imposibilidad legal que permite la no publicación de los acuerdos de fijación de precio, el presidente de la asociación de Economistas de la Salud, Eduardo Sánchez, solicitó que sí se pudieran acceder a los informes de coste efectividad que deben acompañar a los Informes de Posicionamiento Terapéutico. Ante este requerimiento, Lens respondió que son anecdóticos los casos en los que el impacto económico real ha estado por encima del estimado por la evaluación económica. Asimismo, Rodríguez explicó que unos de los objetivos de la industria es trabajar en transparencia para mejorar la imagen ante la sociedad.

El innovómetro está olvidado en un cajón

La Dirección General de Farmacia ha relegado el Real Decreto de Precios y Financiación en su vertiente relativa a los medicamentos. Esa decisión también ha condenado al medidor de innovación ideado por la Universidad de Alcalá de Henares y que fue diseñado a instancias del Ministerio de Sanidad tras una reunión de la Comisión Interministerial de Precios. “El sistema se ha utilizado en 60 innovaciones y lo cierto es que los resultados fueron muy prometedores. Esto se elevó a la Comisión y cuando llegó la hora de su implantación y desarrollo se dijo que merecía darle otra vuelta más”, dijo Lens.

El debate sobre la transparencia, primero, y el grado de innovación, después, llevó a la discusión sobre el precio que deben tener los medicamentos. En este apartado se debatió también sobre el coste que debe tener para el sistema un año de vida. Lens dio a conocer un trabajo realizado por un grupo de comunidades autónomas, lideradas por Canarias, donde se establece el coste por AVAC en 25.000 euros. Sin embargo, el subdirector general de Calidad de Medicamentos explicó que él era partidario de incluir en esta discusión la variable de los rangos de edad. En este sentido cuestionó si debe valer igual un año de vida con 80 años que el de una persona más joven.

En este debate sobre el precio de los medicamentos Olmos apuntó a Europa para tratar de igualar los precios y señaló que para el ciudadano quizá era poco comprensible que los precios entre países de la Unión fueran diferentes. “Tener un precio en España distinto al de Italia es poco lógico”, remató.

Fuente: El Global